RENUNCIA DE UN PRESIDENTE EN COSTA RICA

Hay un clamor, en sectores muy puntuales de nuestra comunidad nacional, de pedirle al señor presidente don Carlos Alvarado Quesada su renuncia a la presidencia de la República. Palabras más, palabras menos.

¿Qué sucedería si, en un hipotético caso, don Carlos decide renunciar?

Para solventar dudas, y si hay error agradecería a cualquier abogado constitucionalista me corrija, debemos de consultar nuestra Ley Magna, o sea, nuestra Constitución Política para aclararlas.

En el Capítulo II Atribuciones de la Asamblea Legislativa, artículo 121 Constitucional inciso 8 se lee:

"Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los Supremos Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno; resolver las dudas que ocurran en el caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República, y declarar si debe llamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo."

Antes de entrar en detalle, aclaremos que las renuncias de los ministros de gobierno se hacen ante el presidente de la República; y a como han estado las cosas últimamente, supongo que habrá una oficina en Zapote con mucho trabajo y dedicada exclusivamente a atender este acto "administrativo."

De forma sucinta, este inciso Constitucional podríamos dividirlo en 3 secciones:

a- Conocer las renuncias de los miembros de los supremos poderes. Don Carlos es el presidente y cabeza del Poder Ejecutivo.

b- Resolver dudas que ocurran en el caso de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República.

c- Llamar al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo.

Si se interpreta literalmente este inciso Constitucional, entonces si está definida la eventualidad de que, en Costa Rica, un presidente de la República puede perfectamente renunciar a su cargo. Queda a decisión de la Asamblea Legislativa el aceptarla o rechazarla - después de determinar si hay incapacidad física o mental - y, así mismo y si es procedente la renuncia o si esta es aceptada, es potestad de la Asamblea Legislativa "si debe de llamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo". No se aclara, al menos en ese inciso, si esa renuncia debe de aceptarse o rechazarse por una cantidad de votos que representen una mayoría absoluta o calificada; ni tampoco dice si el veredicto de "incapacidad física o mental" debe de ser, igualmente, sometido a votación y aprobarse o rechazarse por mayoría absoluta o calificada.

En caso de que esa hipotética renuncia sea aceptada o que la Asamblea Legislativa decida que don Carlos está física y/o mentalmente incapacitado para ejercer la presidencia, entonces ¿Quién sería llamado a ejercer el Poder? Esta pregunta se responde con el artículo 135 Constitucional que, literalmente, dice:

“Habrá dos Vicepresidentes de la República, quienes reemplazarán en su ausencia absoluta al Presidente, por el orden de su nominación. En sus ausencias temporales, el Presidente podrá llamar a cualquiera de los Vicepresidentes para que lo sustituya. Cuando ninguno de los Vicepresidentes pueda llenar las faltas temporales o definitivas del Presidente, ocupará el cargo el Presidente de la Asamblea Legislativa.”

En otras palabras, si don Carlos Alvarado Quesada renunciara a la presidencia, si esta renuncia es aceptada por la Asamblea Legislativa y si la misma se sostiene después del caos que ello generaría, entonces los llamados a ejercer el Poder serían, por orden establecido en ese artículo, la primera vice-presidencia Epsy Campbell Barr, o el señor Marvin Rodríguez Cordero o, en última instancia, el actual presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Eduardo Cruickshank Smith, quien y de acuerdo a nuestro ordenamiento – y en caso de que ninguno de los que le anteceden pueda, por las razones que sean, ocupar la presidencia – terminaría el periodo presidencial constitucional de 4 años y sería el que, al final del mismo, entregaría el Poder al siguiente elegido en la urnas el primer domingo de febrero del año 2022… o en la segunda ronda que sería el primer domingo de abril de ese mismo año.

Considerando el posible daño a nuestra institucionalidad, al caos político que se armaría, al galimatías constitucional que – muy probablemente – la facción del PAC y otros mimetizados de la oposición armarían para evitar la aceptación en la AL de su renuncia, creo que es un despropósito el estar solicitándole la renuncia a don Carlos Alvarado. El país caería, y de esto no me cabe duda, en un caos político inusitado y que no tiene parangón a lo largo de la historia de la II República. Bien que mal, don Carlos es nuestro presidente elegido – equivocadamente o no – en las urnas en Abril del 2018.

Don Carlos Alvarado, por sí mismo, es una lección de lo que, ya es evidente, nos hace falta como pueblo: responsabilidad, consciencia y educación política y civil. Y él es también, junto con aquel innombrable de triste memoria, la prueba irrefutable de que nuestra nación, la nación costarricense, ha sido y está siendo manipulada y dañada por una polarización política de hondo calado, que ya ha extendido sus tentáculos a otras áreas de nuestra idiosincrasia y de nuestra institucionalidad.

Soy un demócrata por convicción, por lo tanto me opongo a este tipo de propuestas. Además de que considerando las alternativas, bien podría ser que saliéramos de las brasas para caer en el infierno.

¿Queremos cambios? ¡Claro que sí! ¡Entonces hagámoslos!

Y no hay mejor alternativa que trayendo nuestra tradición constitucional al siglo XXI. Nuestra actual CP, esa misma que nadie respeta – y mucho menos en las altas esferas del poder político – nos está pidiendo que le devolvamos la vida. Exijamos una reforma constitucional profunda que ponga a Costa Rica a tono con nuestra modernidad.

De lo único que debemos tener miedo es del propio miedo, decía el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. Y, agrego, no hay peor pecado ciudadano que aquel que cometemos por no hacer nada cuando el torbellino de la historia nos lo exige. Y esta exigencia histórica es la que nos plantea Costa Rica hoy, y se ha hecho evidente con diáfana claridad en estos últimos 10 años.

Debemos de cambiar profundamente nuestra forma de pensar y actuar si queremos cambios para mejorar nuestro país... y pidiendo que nuestro presidente renuncie no es la forma. Hay mejores y más sanas alternativas que hacerle caso a una rabieta politiquera.