JUZGANDO LA OPINION PUBLICA

 

I

Ante el "sagrado" juzgado de la omnipotente opinión pública, exacerbada ésta por los medios de información y por las redes sociales, todos los sospechosos de cualquier delito - pero especialmente aquellos por corrupción - son incuestionablemente culpables.

Son culpables ya sea por delito de omisión, por delito de manipulación, por delito de asociación, por delito de ejecución, por delito de encubrimiento, por delito de sumisión, por delito de silencio y, por supuesto, hasta por delito de "chupa medias". Todos son, como pegados con cemento, parte de un lúgubre bunker común hecho de bloques de culpabilidad el cual se turnan  por ocupar. 

¿Hay culpables de lo que nos sucede como país y como sociedad? A mi personalmente NO me cabe duda alguna de que los hay, pero a pesar de que desería condenar - imitanto a miles de desbocados y de oportunistas de café - prefiero esperar el veredicto de nuestros tribunales de justicia, UNICOS que constitucional y juridicamente están en derecho a condenar. Y esto a pesar de que estoy también conciente del desprestigio que sufren.

II

Y es que - aunque parezca icreible -  en el imaginario popular no hay diferencia entre un juicio político y uno judicial. El juicio político, en el referido imaginario, es siempre rápido, biliar, contundente y sinónimo de culpabilidad. A este juicio se le da tupida cobertura periodística y continuada publicidad mediática, pues vende noticieros, blogs, periódicos, etc., que indiferentemente están diseñados para influenciar - y manipular - la opinión pública. Por otro lado, el proceso judicial es lento, impredecible, manipulable y, por lo general, percibido como medio para evadir responsabilidades por parte de los presuntos acusados y, por si fuera poco, no es tan mediático porque en nuestro país, la justicia es más lenta que un caracol de jardín. 

¡Esta percepción es una innegable realidad nacional! 

Basta con preguntar a cualquier fulano o sutano y escuchar como respuesta esta lapidaria frase: "... en este país NINGUN político ha sido jamás condenado en un tribunal de justicia..." Y, para peor de males, andan unos cuantos de esa casta, que a pesar de que SI han sido condenados, libres por la calle, por nuestra bellas playas y sacándose selfies en nuestros adorables rincones y paisajes.

III

Y es que, sin razón pero sí con el nublado mental de la emociones, hemos llegado al extremo de que en nuestro país no hay sospechas, solo certezas. El acusado debe de demostrar su inocencia y NO el Estado demostrar su culpabilidad. Hemos llegado a mancillar uno de los pilares del derecho ASÍ COMO el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 39 Constitucional de nuestra Carta Magna: LA PRESUNCION DE INOCENCIA.

Nuestra indefección judicial ante los delitos por corrupción, enrequecimiento ilícito, fraude fiscal y otros similares, nos han llevado al extremo de condenar a priori a cualquiera que sea sospechoso de estas felonías contra la Patria, indistintamente de si es o no culpable. Hemos caído en la vorágine de considerar la política y a los políticos como fuentes inagotables de corrupción y, de paso, hacer del insulto politiquero - a veces biliar y las más de las veces soez y vulgar - nuestra arma de batalla. 

Hemos hecho de nuestra frustración un monumento a la politiquería, al odio, a la rabia, al resentimiento y a la polarización de nuestra sociedad. 

Hemos ido perdiendo nuestro norte ético y moral porque nuestro país, a pesar de sus innegables grandezas históricas y presentes, ha caído presa de aquellos que han usufructuado impunemente de nuestra indolencia. Las consecuencias se hacen cada vez más evidentes: un país postrado ante la violencia, ante el poder de los carteles narcotraficantes internacionales y locales, ante la corrupción, ante la labiosa mediocridad de aquellos llamados a proponer soluciones y ante la codicia y la irrefrenable hambre de poder y riqueza.

Y ante semejante escenario, es muy difícil NO caer víctimas de la desconfianza hacia nuestra institucionalidad representada en nuestros 3 Poderes de la República. 

IV

He acá el precipicio de los más graves daños que le ha causado al país esa insufrible indolencia nuestra que ha pérmitido que bandas de mafiosos de distintas banderas políticas y de diferentes lomas, así como sus sucesores y testaferros, se hayan apoderado, a lo largo de las décadas, ya no solo de los laberintos del poder político y judicial (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), sino del segmento económico y financiero (los "chorizos" en los bancos del Estado así como en instituciones financiera privadas - pero bien conectadas - son de antología). Y éstas han llevado sus abusos al olimpo de las odiosas artes del cinismo, la burla, el irrespeto y, por supuesto, de la arrogante y repulsiva confianza en su segura impunidad.

Costa Rica ha cambiado, y antes de que me mal entiendan, quiero dejar claro que NUNCA ha estado excenta del cáncer de la corrupción y de todo aquello que la misma significa en un Estado como el nuestro. Pero es también una verdad incuestionable que ya no somos, desde desde finales de la década de los 80s del siglo pasado, el país que emergió de la Revolución del 48 y que se forjó al amparo Constitucional de nuestra II República, ni somos - en consecuencia - el ejemplo del país que le dio prueba y sentido a lo que se conoció como "Estado Social de Derecho". Somos un país polarizado que se ha vuelto mediocre y peligroso. Que nosotros lo hemos vuelto mediocre y peligroso.

Sentencia para Fuenteovejuna: 

¡Culpable de todos los cargos... y sin presunción de inocencia que lo proteja!

Slds.