¿SE DEBE O NO SE DEBE?

Sinceramente NO creo que las reformas que se están proponiendo a la Ley Organica de la Contraloría General de la República sean, ni parcial ni exclusivamente, para afectar los intereses de varios magnates inmobiliarios, incluida la familia Raventos, que le alquilan edificios al Estado; tal y como ya hay algunos incidiosamente sugeriendo. Eso me parece muy simplista y evidentemente politiquero como justificación o excusa para oponerse al proyecto de ley del Referendum llamado "Ley Jaguar para el Desarrollo de Costa Rica" (qué nombresito, por Dios...).

Honestamente creo, por otro lado, que sí... la CGR se ha vuelto una piedra en el zapato en épocas altamente competitivas y peligrosas que requieren de agilidad para tomar decisiones ejecutivas. Ello, por supuesto, no infiere que esta institución deba de desaparecer del mapa institucional de nuestra República, y por el contrario, sugiere que hay que fortalecerla, modernizarla, asignarle nuevas obligaciones (como se indican en el proyecto de referendum) y desligarla de una reponsabilidad obstruccionista e intervencionista que, a grandes rasgos, sugiere una interposición o injerencia del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo.

La otra excusa, que es la más aludida, se refiere a que la corrupción se desatará por la libre si se le cercenan "potestades" a la CGR. Esto es, a todas luces, una falsa bandera por no decir una asquerosa falacia. Seríamos dignos receptores de una CAJOTA BLANCA si no entendiéramos que antes y después de 1994 (año de promulgación de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República) la corrupción existió, existía y seguiría existiendo (por qué creen ustedes que esta institución nació con la Constitución de 1949??) . Ya es hora de que seamos realistas - al menos una vez en la vida - y entendamos de una vez por todas que de un modo u otro (los corruptos son por definición creativos) no hay forma posible de extirpar en su totalidad ese cáncer de la administración pública ni tampoco del sector privado. Las propuestas de reformas especificadas en el referendum, TAMPOCO lo van a extirpar. Eso es una realidad incuestionable.

Si desmenusamos el proceder de la CGR, principalmente a partir del 2002, ese intervencionismo se ha incrementado y se ha vuelto una constante, particularmente cuando un proyecto de ley o de inversión estatal afecte intereses financieros, económicos y políticos de ciertos grupos de poder que existen en nuestro país. Y esto ha sido así hasta el extremo de que doña Laura Chinchilla propuso un proyecto de ley para LIMITARLE sus atribuciones (y también a la Procuradoría) por medio de la famosa Ley Mordaza - que dicho sea de paso también exaltó todo tipo de reacciones negativas en contra de la propuesta tanto en la AL por parte de los filibusteros del PAC y de Villalta - como en el mundillo politiquero nacional. Ese proyecto de ley de doña Laura fue - como muchos otros - obviamente bloqueado y sepultado en el archivo del olvido del Primer Poder de la República.

Limitarle o aclarale o corregirle las funciones a la Contraloría General de la República es, a todas luces, limitarle poder a la Asamblea Legislativa de meter sus narices en el Poder Ejecutivo.

La CGR, con ese proceder intervencionista intra-poderes, hasta ha llegado a darse el tupé de "recomendar" al EJECUTIVO la suspensión por 30 días de una ministra del gabinete, tal y como sucedió con la Ministra de Hacienda doña Rocío Aguilar durante la administración de Carlos Alvarado, quien correctamente se negó a acatar una "recomendación" que NO LE competía a la CGR dar. Claro está; después salieron los "puristas de siempre" a indicar que una "recomendación" de la CGR no era de acatamiento obligatorio por parte del ejecutivo.

Vaya sorpresa...!!! Siempre hay formas de disculpar lo inexcusable...!!!

Ese proceder de la CGR fue, para mi, la mayor muestra de intervencionismo de un poder en las funciones del otro poder de la república (recordemos - DE NUEVO - que la CGR es una institución supeditada a la Asamblea Legislativa y, en política, todo es válido para derrotar o, como mínimo, incomodar al adversario). Y está meridianamente claro que lo actuado por la CGR en ese momento del 2019 ante el Poder Ejecutivo no es una de sus funciones CONSTITUCIONALES, ni tampoco está EXPLÍCITAMENTE tipificado en su ley orgánica. A mi parecer, esa fue una distorsión gravísima de interpretación por parte su máxima funcionaria que se atribuyó potestades que NO le correspondían. Esta es una prueba, entre muchas otras, que demuestra que tales distorsiones (o atribuciones) deben de corregirse o aclararse.

No podemos circunscribir nuestra visión de los hechos - que abundan - que justifican esta necesidad jurídica: a la CGR hay que aclararle de una vez por todas cuales son sus responsabilidades y cuales son sus límites. Esto sin necesidad de lesionar su CLARISIMO mandato Constitucional.

¡¡A la CGR hay que despolitizarla!!

Aquellos preclaros ciudadanos que redactaron nuestra actual Constitución Política - entre ellos juristas formados bajo los preceptos de la SEPARACION DE PODERES del Baron de Montesquieu - NUNCA tuvieron la intención de crear una CGR como la que hoy tenemos.

¡¡NUNCA!!