¿UNA DEMOCRACIA MADURA?

Me preocupa muchísimo que, en mayoría abrumadora, la gente comenta - principalmente - sobre los exabruptos politiqueros de varios de los diputados y diputadas presentes ayer durante la sesión de la Comisión Legislativa que investiga el caso de la UPAD. Ciertamente hubo politiquería e intrascendencia por parte de varios de ellos, entre los cuales destacaron D. Dolanescu, P. Muñoz, C. Hidalgo y - por supuesto - P. Vega y su lacrimógeno "pedir perdón" al presidente a nombre de gente que no le pidió que lo hiciera.

Y me preocupa porque perdemos de vista la esencia y el motivo del valioso ejercicio democrático realizado ayer en el recinto del plenario legislativo: un ciudadano costarricense, sin importar su fuero, respondiendo los cuestionamientos de una Comisión Legislativa. Y el tema no es menor, pues ese ciudadano es el presidente de Costa Rica; y el motivo lo era el determinar su responsabilidad en la creación de la UPAD, una unidad adjunta a su presidencia que, creada por decreto ejecutivo, violentaba el artículo 24 de nuestra Constitución Política. En otras palabras, se trataba de determinar si se había incurrido en delito contra nuestra Carta Magna por parte de uno de los poderes de la República. Y este NO es tema fútil, y mucho menos en una democracia como la nuestra que se precia de "madura"; y a la que muchos ciudadanos - tristemente - le han perdido la confianza que una vez le tuvieron.

Se podrán alegar todo tipo de razones, algunas muy bien fundamentadas y muchas no, para decir que se estaba rompiendo peligrosamente con el orden constitucional. Personalmente, y sé que hay muchos otros que piensan similar, considero que no hubo tal falta y, por el contrario y con precedentes ya sabidos como lo fueron las comparecencias presidenciales ante comisiones legislativas (se utilizó la Casa Presidencial para la sesión) de José María Figueres en 1996 y de Luis Guillermo Solís en el 2017, y basados en el inciso 23 del artículo 121 constitucional, la sesión de la Comisión de marras estaba plenamente justificada.

La responsabilidad del ejecutivo en la creación de esa unidad presidencial está fuera de discusión y duda. No caben excusas de buena voluntad, ni de que "nadie se robó un cinco", que son instrumentos ultra necesarios - en lo que estamos plenamente de acuerdo - para la definición y desarrollo de políticas públicas modernas, etc. La UPAD, y es un hecho ya demostrado, fue creada por don Carlos Alvarado quien delegó funciones en varios de sus asesores tanto para redactar el decreto ejecutivo que la creó como para ponerla en funcionamiento. Los entretelones como quién hizo que, por qué, cuándo y dónde, son hasta irrelevantes. Lo relevante es el hecho claro y preciso de que fue don Carlos Alvarado quien impulsó la creación de la UPAD. Y esto ya se había demostrado a lo largo de casi 1 año que tiene esta Comisión Legislativa de estar en funciones. Ahí está su firma en el decreto ejecutivo que respaldaba la creación de esa unidad presidencial y ahí está su firma en el decreto que la deroga, amén de su aceptación ayer de las razones por las cuales indicó que había impulsado su creación y el porqué había contratado a varios de sus principales personeros.

Demostrar si hubo delito o si esa unidad presidencial es legal o ilegal quedará ya en manos del otro poder de la República: el Poder Judicial. Y eso, a su debido tiempo, lo veremos; SI ES QUE TAL PROCESO LLEGA A DARSE.

Indistintamente de los resultados (magros, por decirlo de alguna forma) de la larga sesión de ayer, ya esa Comisión Legislativa tiene suficientes elementos, resultado de sus investigaciones, como para rendir su informe. Y eso me quedó demostrado por las buenas intervenciones de las diputadas Silvia Hernández (presidenta de la Comisión y quien ayer de excelente forma presidió la sesión), J. Prendas, Ana Lucía Delgado y, sobre todo, por la sobresaliente intervención del diputado José María Villalta. En todas ellas se notó que se habían preparado para "el acontecimiento", particularmente el diputado Villalta.

Queda en el tintero hacer las reformas necesarias para poder contar con las herramientas tecnológicas que modernicen y eficienticen nuestro Estado, el consultar a la Sala IV si se irrespetó la Constitución Política al realizar esta sesión en el recinto del plenario legislativo y si aplica el inciso 23 o el 24 del artículo 121 constitucional. Considero que sería MUY SANO el aclarar esta última disyuntiva, pues nos habrá de servir en el futuro para, por supuesto, evitar posibles conflictos entre los poderes de la República.

Es imperativo que esto quede diafanamente claro dado que, como se pudo notar a lo largo de estas últimas semanas y especialmente ayer 10 de febrero del 2021, la politiquería generada por la duda y la desinformación es muy nociva para la salud de una democracia como la nuestra... que se precia de "madura".